«Escribí una carta al rectorado quejándome del trato de mi director de tesis y ahora mi carrera como investigador podría peligrar». El de Jonathan Bar-Magen no es el único caso en el que quejarse del servicio que el alumno recibe de la Universidad acaba convirtiéndose en una lucha de David contra Goliat.
Todos los canales a disposición del estudiante para denunciar un trato incorrecto por parte del personal de su centro pasan irremediablemente por figuras dependientes de sus más altas instancias. Como en el dicho popular, los trapos sucios se lavan en casa, y los muros universitarios esconden complicadas relaciones de intereses contra los que choca cualquier derecho de réplica.
«Hay monstruos contra los que no se puede luchar», es el contundente resumen que hace un ex alto cargo de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (Creup) cuando se le pregunta por las posibilidades que el alumno tiene a su disposición para protestar. Se deja entrever un problema que preocupa e indigna a partes iguales a los universitarios españoles.
El actual presidente de Creup, Luis Cereijo, pone nombre al problema: «Corporativismo». «Cuando se solicita la revisión de un examen por un tribunal, serán los propios colegas del profesor quienes dictaminarán si ha habido o no errores. A veces es mejor tragar porque la solución puede ser aún peor», explica.
Miedo a represalias
La palabra que más se repite, al plantear el tema a los estudiantes, es «miedo». ¿Pero miedo a qué? En el caso más extremo, a que les abran un expediente disciplinario. El último recurso de la Universidad para juzgar la conducta de un estudiante es un procedimiento regulado por una ley de 1954 que nació para reprimir las protestas estudiantiles antifranquistas y cuya aplicación no ha estado exenta de polémica en los últimos años. En 2011, el ex ministro de Educación Ángel Gabilondo llegó incluso a redactar el borrador de una nueva ley para regular la disciplina académica, aunque ésta nunca salió adelante.
La tendencia de la Universidad española a recibir las quejas de sus clientes, los alumnos, como una agresión choca con una cultura empresarial que cada vez otorga más importancia, en sus procesos de calidad, a la voz del usuario. «En el siglo XXI, el cliente debe estar en el centro de cualquier decisión de la compañía», afirma Roberto Fernández, director global de Social and Connected Business de la consultora Everis. «La satisfacción del cliente es fundamental, sobre todo en un momento en que las nuevas tecnologías han empoderado a los ciudadanos, que se organizan y son capaces de resolver sus problemas de forma autónoma».
Everis cuenta, incluso, con perfiles inusuales, como antropólogos, filósofos o historiadores, para afinar lo máximo posible en la interpretación de los deseos y demandas del usuario final. «Tenemos que estar ahí fuera, vivir la realidad del consumidor, no podemos quedarnos con nuestra visión interna», asegura Fernández.
Expedientado por ‘injurias’
El caso de la Universidad está en el polo opuesto, y se rige por el miedo del estudiante a las represalias si protesta. Esto explica que pocas quejas se mantengan hasta el último peldaño procesal y que existan pocos casos de apertura de expedientes disciplinarios en España. El más reciente se encuentra en la Universidad de Alcalá (UAH) y está ahora mismo en fase de instrucción.
El afectado es Jonathan Bar-Magen, ingeniero informático y doctorando en la institución complutense. Comenzó su investigación en enero de 2012 con una beca de Formación de Personal Investigador (FPI). Hoy, Bar-Magen se encuentra acusado de «injuria, ofensa o insubordinación contra las autoridades académicas o contra los profesores», tras denunciar un comportamiento inadecuado de su director de tesis y solicitar un cambio.
«Nada más comenzar mi investigación, me trasladaron del laboratorio a una sala sin máquina ninguna«, asegura Bar-Magen. «Solicité repetidamente que se me proporcionaran un ordenador y una pantalla para poder trabajar, pero nunca obtuve los recursos necesarios».
Poco tiempo más tarde, el estudiante declara que se vio involucrado en la negociación de un posible proyecto del grupo de investigación con una empresa. Según él, su director le presentó a uno de los dueños de la compañía como su alumno «judío e israelí», ya que el empresario tenía el mismo origen. «Fue cuando vi indicios de la razón real de mi presencia allí», afirma Bar-Magen, que acusa a su director de tesis de intentar que sus contactos en la comunidad judía en España reportaran proyectos lucrativos para la Universidad. «Llegó a decirme: ‘Tu estás aquí para buscar fondos‘», asegura.
El enfrentamiento con el profesor llegó a tal punto que Bar-Magen perdió la beca FPI que había renovado apenas un mes antes pese al informe desfavorable de su director de tesis. «Dos días después de la reelección del rector, me enviaron la carta en la que me anunciaban la rescisión de mi beca, unilateralmente y sin pasar por ninguna instancia académica, como establece el reglamento», recuerda. «Extrajeron los pocos objetos que tenía en mi mesa y los tiraron a un contenedor. Luego me avisaron de que tenía que ir a recogerlos y, cuando llegué, me siguieron como si fuese un criminal. La directora del Departamento me dijo que eran órdenes de arriba», añade.
«Una campaña de difamación»
Desde la UAH niegan la mayor, y afirman que el estudiante ha tenido «todos los medios básicos para realizar su investigación» y que el contrato se rescindió porque se consideró que el rendimiento del doctorando no era el adecuado. «El estudiante pretende intimidar y chantajear a la institución», aseveran, y hacen referencia a la «campaña de desprestigio» que, según ellos, Bar-Magen habría emprendido desde meses antes acusando al centro «en los medios, en cartas a personalidades como la presidenta de Harvard y en redes sociales» de perseguirlo por ser judío, algo «radicalmente falso», en sus palabras.
La apertura de un expediente disciplinario ha sido para ellos «el último recurso, tremendamente excepcional». «Hemos medido la respuesta , pero llega un momento en que hay que actuar. Si no, estaríamos haciendo dejación de funciones», aseguran, pues consideran que las acusaciones de Bar-Magen suponen «la imputación de un delito» al personal de la universidad.
¿Pero qué estudiante se arriesgaría a denunciar ante su rectorado los desmanes que sufre o de los que es testigo si se arriesga a ser sancionado por la misma instancia que lo debe amparar?
Juez y parte
El último recurso para el alumno, si considera que no está recibiendo el servicio que merece por parte del centro, es acudir al Defensor Universitario, homólogo a pequeña escala del Defensor del Pueblo, que vela por «los derechos y libertades de los profesores, estudiantes y personal de administración y servicios ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios», según el texto de la Ley Orgánica de Universidades de 2001. Sin embargo, el hecho de que sea el Claustro, de entre sus miembros, quien elija al defensor, ahonda en la idea de corporativismo que denuncian los estudiantes.
«Es verdad que en la Universidad hay muchos cauces para quejarse, pero menos para que el caso se resuelva de forma efectiva», reconoce Joana María Petrus, presidenta de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios. A su despacho llegan los casos que ya han agotado todas las instancias intermedias. «En ocasiones se ha perdido tanto tiempo siguiendo la jerarquía que cuando intervenimos, el asunto ya no tiene solución», lamenta Petrus.
Para asegurar una cierta independencia del Defensor, se le coloca «fuera de los circuitos de poder y decisión, y se le otorga autoridad». Es decir, durante los cuatro años de su mandato, no responde ante ningún órgano de Gobierno universitario. Su rol es el de mediador; analiza el caso y recomienda una solución, pero no puede judicializar un conflicto. «El único poder que tenemos es la capacidad de convicción con argumentos», asegura Petrus.
La presidenta de los defensores no niega que la Universidad es un entorno fuertemente corporativo, pero apuesta por una mayor participación del alumno en la comunidad universitaria. «Es verdad que los estudiantes tienen miedo a represalias y en ocasiones prefieren no mostrar su descontento, porque la voz de una sola persona tiene poca fuerza, pero existen representantes que pueden reforzar su queja con una acción colectiva», expone.
En este sentido, la UNED cuenta con un estudiante como adjunto al Defensor. Isabel Taborga, con experiencia como portavoz de compañeros como delegada de alumnos y miembro del Consejo General de Estudiantes, ocupa este cargo desde la semana pasada. Según ella, el puesto es muy satisfactorio porque tiene una voz mucho más autorizada. «Al fin y al cabo un delegado de estudiantes es sólo un alumno más», asegura.
Cuando la mediación del defensor no resuelve el problema, el siguiente paso es la inspección de servicios, un órgano que depende directamente del rector. «Es una herramienta de la institución, así que nunca se pondrá en su contra», denuncia Josafat González, portavoz de la Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario (AMEC).
El joven sabe de lo que habla. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acaba de dar la razón, hace dos meses, a él y a otros 10 estudiantes contra quienes la Universidad de La Laguna (ULL) abrió un expediente disciplinario por «faltas al honor», también en base a la ley disciplinaria preconstitucional.
Los hechos se remontan a 2011, cuando AMEC emitió un comunicado en el que criticaba el retraso de la ULL en la entrega de expedientes académicos a la Fundación Proeduca, encargada de gestionar las becas del Cabildo, que supuso la pérdida de la ayuda para 300 alumnos. La universidad consideró el contenido del texto difamatorio y, bajo consejo del inspector de servicios, abrió un expediente disciplinario a 23 alumnos, 12 de los cuales fueron finalmente sancionados como presuntos instigadores de la carta.
Tras un largo periplo judicial, el TSJC ha dictaminado que el comunicado se encontraba amparado por la libertad de expresión, y que AMEC, como representante de los alumnos, tiene derecho a quejarse públicamente del servicio de la Universidad. «Esa ley franquista da cobertura legal a los rectores para acallar las quejas de los estuidiantes», asegura González.
El juzgado es el recurso final, cuando en el campus no se resuelven los problemas, una opción que se descarta a menudo porque supone una inversión de tiempo y dinero pero que, en casos extremos, se perfila como la única posibilidad. «Teníamos que haber sacado el asunto de la Universidad desde el principio. En el campus, la institución es siempre juez y parte«, critica González.
Disciplina de otro tiempo
Reminiscencia franquista. Corría el año 1966 cuando 500 estudiantes de la Universidad de Barcelona se encerraron en el convento de capuchinos de Sarriá, con el objetivo de aprobar los estatutos fundacionales de la organización antifranquista Sindicato Democrático de Estudiantes. La fuerte represión policial de la llamada Capuchinada duró dos días, y se saldó con un expediente multitudinario que valió la expulsión de la Universidad a cientos de profesores y alumnos, en base al Reglamento de Disciplina Académica de 1954, el mismo que sigue vigente hoy. Tras varios intentos, desde 1990, de diferentes Defensores del Pueblo de declarar la norma inconstitucional, en 2011 se redactó un proyecto de ley sustitutoria que, sin embargo, quedó en papel mojado.
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